CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO DESPUÉS DEL CONFLICTO: PAZ DURADERA
Uno de los mayores retos del acuerdo de paz será su implementación a nivel nacional (paz territorial) y la construcción de una sociedad post-conflicto. Esto aplica especialmente a las regiones más afectadas por el conflicto armado, caracterizadas por luchas violentas por el acceso a las tierras y a los recursos naturales, así como por falta de reconocimiento cultural, partipación social y política, y por autodeterminación territorial de las comunidades locales.
A través de los años, el conflicto colombiano ha vivido diversos cambios, dependiendo de factores económicos y políticos, y de actores cambiantes.
Actualmente diversos factores económicos y sociales conllevan al surgimiento de nuevos conflictos o al empeoramiento de conflictos ya existentes en torno a las tierras y al contro territorial.
Esto muestra claramente que uno de los problemas centrales del conflicto colombiano, es decir el tema de las tierras, tiene que ocupar el centro del debate social para así poder alcanzar una paz sostenible.
El Instituto CAPAZ tiene como objetivo contribuir al desarollo de soluciones adecuadas mediente el análisis de los orígenes del conflicto y su relación con el acuerdo de paz. El Instituto se enfocará en la participación política y la reforma agraria, en apoyar la educación, y en contribuir al desarrollo y formación de apoyo para la construcción de una democracia y de la reforma del sector de la seguridad.
a) REFUERZO DEL GOBIERNO LOCAL Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
En tanto el conflicto ha dejado impactos devastadores en las áreas rurales, es necesario apoyar los esfuerzos por establecer, recuperar y reforzar las instituciones públicas en dichas áreas. Esto incluye el fortalecimiento del gobierno local y la participación de la sociedad civil. Las lecciones aprendidas durante el proceso fallido de descentralización a comienzos de los años noventa serán tenidas en cuenta. Adicional, la protección constitucional de la población indígena y afro-colombiana desarollada recientemente no impidió su desplazamiento en búsqueda de intereses económicos.
Aún hacen falta estructuras efectivas de gobierno y la corrupción se extiende a diversos escenarios. Reforzar y fortalecer tanto el gobierno local como la participación de la sociedad civil son esenciales para estabilizar la democracia. La participación política de las minorías y de grupos estructuralmente marginados o vulnerables debe ser mejorada; la sensibilización por integrar y establecer los derechos humanos en la integración de políticas públicas tiene que ser un hecho.
El Instituto CAPAZ tomará en cuenta el impacto devastador que ha tenido el conflicto en los grupos étnicos y las violaciones de sus derechos individuales y colectivos. Optará igualmente por una aproximación diferenciada y un enfoque de género que incluya aspectos como violencia sexual y de género en conflictos y medidas relacionadas de JT. La vulnerabilidad continua e incluso las amenazas y los asesinatos a activistas y defensores de derechos humanos serán tenidos en cuenta y apoyados con investigación, formación y consultoría.
El PRIF ha desarollado investigación sobre el diseño de leyes democráticas en post-conflicto, del cumplimiento y durabilidad de la paz luego de guerras civiles, así como también en la prevención de crimen y recaídas en violencia. También tiene experiencia con respecto a actores externos al interior de procesos de paz. El Profesor Ibáñez (CRC-PEG/UGOE) contribuye con su experiencia en las consecuencias sociales y económicas de los conflictos en las comunidades locales y en las personas desplazadas.
El consorcio cuenta con extensos conocimientos en los campos de Estado de Derecho y Democracia. Las Profesoras Kreide (JLU) y Braig (LAI) son expertas en el tema de democracia y participación política en Europa y Latinoamérica, con enfoque en los retos a nivel local, regional y nacional.
EL LAI cuenta con experiencia en procesos de transformación política, en el papel del apoyo externo y de garantes específicos para la protección de minorías étnicas en procesos de decisión.
b) REFORMA AGRARIA
La urgente necesidad de crear tierras justas y eficientes y de una reforma agraria no es resultado únicamente de los desplazamientos forzados, de la inequidad y de la extrema pobreza en el país; por el contrario, ha sido un tema pendiende desde 1934 cuando se hizo el primer intento de una reforma agraria. Sin embargo, la redistribution de tierras está propensa a encontrar obstáculos. En las negociaciones de paz se ha alcanzado un acuerdo sobre del desarollo agrario rural.
El consorcio puede apoyar el proceso a través de investigación y enseñanza, y de incentivos para un debate fructífero, basado especialmente en su experiencia en el tema de reformas agrarias.
El LAI y la JLU han desarrollado profundas investigaciones sobre reformas agrarias en diferentes países con circunstancias similares.
El PRIF apoyará desde su experiencia en investigación sobre las causas de los conflictos, sobre conflictos de recursos y sobre el papel de empresasa y compañías en las zonas de conflicto. El Profesor Martínez (UGOE) cuenta con experiencia en el marco legal para una reforma agraria basada en la Constitución colombiana.
c) REFORMA DEL SECTOR SOCIAL
Para lograr los objetivos generales del proceso de paz, y para garantizar la seguridad pública, es necesario que exista una seguridad legislada efectiva y eficiente. Este aspecto constitutye un reto mayor, considerando especialmente el aumento del crimen organizado en el país. Será entonces un reto significativo prevenir que dichos grupos se extiendan a áreas controladas previamente por las FARC. En el transcurso del conflicto, la ausencia de fuerzas de seguridad pública y la corrupción dentro de dichas fuerzas ha habilitado a grupos ilegales para que obtengan el control de muchas áreas de Colombia. Como consequencia se han cometido serios crímenes en contra de la población. Esto ha conllevado la pérdida de confianza y seguridad en las fuerzas militares y la policía. Es por esto que las medidas para mejorar la relación con la población no sólo deben seguir en marcha, sino que es necesaria la creación de esfuerzos adicionales.
En Latinoamérica las fuerzas militares han estado a menudo involucradas en mantener el órden público en general, por lo que la delimitación de las diferentes funciones entre las fuerzas militares y la policía resulta a menudo poco clara. Mayor investigación puede contribuir al desarollo de perspectivas legales más refinadas. Tanto la investigación como la formación deben abordar la delimitación de competencia, áreas, jurisdicción y funcones.
El consorcio cuenta con gran experiencia en el campo de reformas del sector de seguridad (RSS): El Profesor Marauhn ha realizado investigación relacionadas con el sector de seguridad por muchos años, también en cooperación con el PRIF, que también ha investigado en temas de RSS. El LAI ha llevado a cabo investigaciones en reformas policiales. El CEDEPAL ha trabajao en reforma policial en diferentes países de Latinoamérica.
d) Educación
El restablecimiento del tejido social de Colombia requiere una seria participación de la sociedad en los procesos de construcción de memoria histórica, haciendo visible las circunstancias y causas del conflicto de una manera constructiva, sin dejar de lado un fuerte enfoque en la no repetición y en la reconciliación entre todas las partes de la sociedad. Para la construcción de la paz en Colombia es indispensable la integración de pedagogías de paz en la agenda pública. Es necesario crear esfuerzos para promover la educación en temas de memoria y paz a lo largo de todo el territorio y en todos los niveles de la sociedad colombiana.
El Instituto CAPAZ incluirá formación de sus participantes en las regiones afectadas, con el fin de que sirvan de multiplicadores y distribuyan información, conocimiento y valores en la sociedad. El Instituto hará contribuciones a la multiplicación y el intercambio de conocimiento, teniendo como base un acercamiento específico para cada conexto e integrando temas relevantes para las comunidades indígenas, afro y la comunidad rural.
La formación de docentes y abogados será un elemento crucial en este proceso; se implementarán workshops para adquirir y desarrollar habilidades relevantes.