LIDIANDO CON EL PASADO: JUSTICIA TRANSICIONAL
Los procesos de transición de un conflicto armado a la paz abren grandes interrogantes sobre cómo lidiar con los perpetradores y con las víctimas de los crimes del pasado. Las conversaciones de Paz buscaron evitar impunidad y proteger los derechos de las víctimas del conflicto. Teniendo en cuenta las lecciones del pasado, las personas negociadoras han tomado como base el concepto de Justicia Trasnsicional (de aquí en adelante: JT), reconocido internacionalmente. El anterior proceso de paz del 2005 con grupos paramilitares llevó por primera vez al uso de políticas de JT. De acuerdo con la JT, la combinación entre acusaciones, búsqueda de la verdad, reparación de víctimas y garantías para la no repetición de crímenes abre un camino prometedor para asumir el conflicto y llegar a un acuerdo, contribuyendo tanto a la reconciliación de la sociedad como conjunto, como a la reafirmación de la ley.
La ley del Marco Jurídico para la Paz, cuya conformidad con la Constitución ha sido afirmada, establece un marco constitucional pertinente para la JT. Las acusaciones penales deben interponerse en un sistema integral en el que las condenas a los perpetradores dependerán de sus contribuciones a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición.
a) Justicia
El Derecho Penal es una parte integral de la JT, como se aplica en el caso de Colombia. El acuerdo sobre la acusación de los perpetradores de crímenes durante el conflicto establece una Jurisdicción Especial para la Paz, incluyendo un Tribunal extraordinario para los crímenes atroces. Para los otros crímenes se otorgarán amnistías. Las compensaciones y rebajas de penas dependerán de las contribuciones a la verdad y reparación por parte de los acusados.
Los actores colombianos han resaltado que un acercamiento o modelo estándar no enfrenta realmente todos los retos específicos, por lo que es imperativo un entendimiento apropiado de la situación. El consorcio está en capacidad de asumir estos retos y preocupaciones, y de ampliar la perspectiva desde la experiencia y los conocimientos comparados.
El Derecho Penal y la JT en Colombia son aspectos clave del trabajo del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Universidad de Göttingen. La JLU (Giessen) investiga los aspectos constitucionales de la JT y la admisibilidad de las amnistías. El Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI) de la Freie Universität Berlin ofrece conocimientos en Derecho Constitucional y Jurisprudencia. El Instituto de Estudios de Paz (PRIF) de Frankfurt contribuye con análisis y asesoría en JT y reconciliación.
Una de las preocupaciones persistentes en Colombia ha sido la admisibilidad del acuerdo de paz bajo el Derecho Internacional. El caso de Colombia es nuevo en tanto ni la Corte Penal International (ICC) ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IACtHR) se han enfrentado antes a una situación similar. La IACtHR ha otorgado amnistías únicamente en una situación de post-conflicto (El Mozote vs. El Salvador, 2012). Sin embargo, la Corte rechazó las amnistías por atentar contra las leyes de derechos humanos, con el consenso de que un enfoque equilibrado a la JT puede ser permisible.
Tanto la JLU como el CEPDAL cuentan con profundos conocimientos sobre estos precedentes y sus jurisprudencias. Los investigadores del LAI han trabajado también con diversos aspectos relacionados.
b) Memoria
Las percepciones de la historia y las interpretaciones del pasado no sólo se basan en hechos objetivos, sino que también son el resultado de construcciones sociales. Las instituciones colombianas y la sociedad civil han realizado esfuerzos considerables para lidiar con el pasado y la violencia por medio de iniciativas de memoria, incluso durante el conflicto armado.
Debido a las experiencias locales y a los diversos impactos del conflicto existen diferentes interpretaciones del conflicto, tanto de las víctimas como de los perpetradores, que oscilan entre el rencor o la justificación y las actitudes de reconciliación.
c) Verdad
El ejercicio de esclarecer la verdad puede alcanzarse teniendo como base los derechos de las víctimas y de la sociedad como un todo. Esto requiere la cooperación y las confesiones de quienes han cometido los crímenes. La Comisión de la Verdad, como ha sido concebida por la Constitución de Colombia y en el Acuerdo de Paz, busca otorgar incentivos para que los perpetradores revelen toda la verdad y las circunstancias del conflicto. Dichas iniciativas son cruciales para las víctimas. El Instituto CAPAZ apoyará el desarrollo de la memoria cultural a lo largo de estos lineamientos y acompañará los procesos pertinentes mediante servicios de consejería.
El CEDPAL ya ha realizado investigaciones sobre las medidas, políticas y leyes que existen en Colombia. La JLU y el PRIF tienen profundos conocimientos y experiencia con respecto a procesos y construcciones de paz. El LAI cuenta igualmente con conocimientos regionales de larga data con respecto a la historia del Cono Sur y Centroamérica, e igualmente sobre diversas perspectivas del conflicto.
d) Reparación
La reparación de las victimas del conflicto armado es un aspecto crucial del actual proceso de paz. La Ley de 2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras) estipula una reparación integral de las víctimas, a través de medidas individuales, colectivas, materiales, morales y simbólicas. El desplazamiento forzado de más de seis millones de personas hace de la restitución de tierras una parte esencial del proceso de reparación.
Aunque se han realizado algunos esfuerzos admirables, hasta el momento el progreso ha sido poco y el proceso no ha estado libre de crítica. El número total de vícitmas registradas oficialmente hasta el momento es de más de 8 millones y comprende un reto inmenso con respecto a la reparación integral.
Pese a que el Gobierno colombiano ha realizado muchos esfuerzos, diversos factores han retrasado varios de los procesos de reparación.
Por una parte la JLU y el CEDPAL pueden apoyar con los conocimientos legales pertinentes. Por otra parte, tanto el LAI y el Departamento de Psicología de la FU Berlin, como la Albert Ludwigs Universität (Freiburg) se encuentran en la capacidad de apoyar a las víctimas del conflicto colombiano.
e) No Repetición
Las garantías para la no repetición de crímenes abarca medidas y reformas institucionales necesarias para prevenir más daño y sufrimiento a las víctimas del conflicto. Relacionado con esto también son necesarios un desarme, desmovilización y reintegración exitosas, la creación de empleo y acceso a la educación para prevenir que miembros desmovilizados de las FARC se unan a grupos ilegales, y el apoyo a los esfuerzos de crear un partido político. Esto requiere no sólo una sensibilización de la población, de las instituciones estatales y del sector privado, sino también el desarrollo de capacidades y actitudes no violentas.